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Orden judicial provisional revierte la resolución de USCIS para cancelar la autorización de todos los centros regionales

El viernes 24 de Junio de 2022, el tribunal federal del Distrito Norte de California emitió una orden judicial provisional que revierte la resolución de USCIS, dictada en Abril, para cancelar la autorización de todos los centros regionales existentes. Esto significa que los nuevos inversionistas podrán presentar sus solicitudes I-526 con base en la Reautorización del 15 de Marzo del Programa de Centros Regionales.

Es importante mencionar que este es un acto provisional dictado por el tribunal y que el resultado definitivo aún está pendiente. Mientras que no exista una nueva resolución de los tribunales o mientras USCIS no publique nuevas reglas que aclaren la implementación de la Ley de Integridad y Reautorización EB-5 (EB-5 Reauthorization and Integrity Act), los inversionistas pueden solicitar la visa EB-5 conforme a las reglas actuales y estar protegidos ante cambios futuros al programa con base en las disposiciones de protección previstas en la más reciente legislación.

La resolución incluye declaraciones muy claras del tribunal:

  • Error Legal – El Juez Chhabria declaró que la resolución de USCIS de cancelar la autorización de todos los centros regionales existentes era “casi sin duda un error legal, debido a que no es claro si la Ley de Integridad canceló la autorización de los centros regionales existentes o les permitió continuar operando conforme al nuevo régimen del Congreso.”
  • Violación en la Creación de la Regulación por parte de la Agencia – En su resolución, el Juez Chhabria declaró que “Behring ha realizado una demostración excesivamente grave de que la agencia violó la APA.” La Ley de Procedimientos Administrativos (APA) define cómo es que una agencia federal demuestra que ha considerado los intereses opuestos al momento de crear la regulación. Cuando el procedimiento no se apega a la APA, se espera que los tribunales “anulen”, “eliminen” o revoquen los actos de la agencia.
  • Se deben permitir nuevas solicitudes – La cancelación de autorizaciones frenó la presentación de nuevas solicitudes I-526, lo cual colocó bajo amenaza la existencia de los centros regionales por no poder realizar nuevas operaciones. “Actualmente a los centros se les debe permitir operar conforme al régimen creado por la Ley; esto incluye el procesamiento de nuevas solicitudes I-526 presentadas por inmigrantes que invirtieron a través de los centros regionales previamente autorizados.”

Duración de la Orden Judicial Provisional

La resolución del tribunal es clara en el sentido de que la orden judicial provisional se mantendrá vigente hasta que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

  1. Un juicio sumario  emitido por este Tribunal; o
  2. Una resolución fundada emitida por la agencia sobre cómo deberán ser tratados los centros regionales dada la ambigüedad de la Ley de Integridad.

Esto significa que la agencia puede argumentar ante el tribunal que la orden es incorrecta (el siguiente alegato se llevará a cabo el 7 de Julio y la siguiente audiencia el 14 de Julio), o bien llevar a cabo un “proceso de toma de decisiones fundamentado” que establezca cómo deberán actuar los centros regionales conforme a la nueva legislación.

Por el momento, en virtud de haberse otorgado la orden judicial provisional, todos los centros regionales existentes deberán ser considerados como autorizados y capaces de presentar nuevas solicitudes I-526, conforme a los términos de la Ley de Integridad y Reautorización EB-5.

Siguientes pasos potenciales por parte de la Agencia

Dada la claridad de la resolución del Juez Chhabria, la agencia debe preguntarse si se puede revocar la resolución mediante la sentencia sumaria definitiva una vez que el caso haya concluido. Se puede recurrir ante el Tribunal de Apelaciones de California en caso de que el Juez Chhabria confirme su resolución, pero durante este plazo la cancelación de la autorización de los centros regionales continuará  revocada.

USCIS también puede implementar nuevos formatos y reglamentos.

La APA es clara sobre la manera en que la agencia debe tomar decisiones.  En general, las nuevas reglas deben pasar por un periodo de notificaciones y comentarios, el cual puede tomar de 30 a 60 días como mínimo. Históricamente, han transcurrido de 12 a 18 meses para que una nueva regulación compleja pase de propuesta de regulación a regulación definitiva.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene la facultad de publicar nuevas reglas de forma inmediata mediante el proceso de Regulación Provisional “cuando una agencia determina que existen elementos para emitir una regulación definitiva sin antes publicar una regulación propuesta.” Por lo general, se considera que existen tales elementos en los siguientes casos: 1) cuando existe una emergencia; 2) cuando una notificación previa hubiere alterado el esquema reglamentario subyacente, o 3) cuando el Congreso ha indicado que pretende renunciar a los requisitos de notificación y comentarios. 

Por supuesto, se debe cumplir con lo previsto en la APA o enfrentar el riesgo de un nuevo litigio y solicitud de una orden judicial provisional.

Implicaciones para los Inversionistas 

Nuevos Inversionistas – En virtud de que los centros regionales quedaron reautorizados y aprobados, y  que los centros regionales actuales con proyectos ya presentados pueden recibir inversiones y presentar solicitudes de inversionistas, estas solicitudes deberán cumplir con los requisitos de la nueva legislación, la cual aún está siendo interpretada; pero una vez aprobada, las solicitudes de estos inversionistas serán protegidas y procesadas sin importar los cambios futuros en la ley o en la regulación.

Inversionistas Existentes – Si bien la agencia ha sido clara en sus declaraciones de que la cláusula de protección en la legislación significa que los inversionistas existentes no necesitan de un centro regional para que sea procesada su solicitud, esta regulación asegura que los inversionistas existentes tendrán un centro regional asociado al cual acudir en caso de que surjan preguntas de la agencia durante su proceso.

Implicaciones para LCR

LCR siempre ha seguido las medidas de integridad contenidas en la nueva legislación, incluyendo el mantenimiento de registros claros, la administración de fondos por parte de terceros y comunicaciones constantes con el inversionista.  Hemos confirmado que nuestros centros regionales cumplen con los nuevos requisitos mediante la presentación de solicitudes I-956. Adicionalmente, mediante la presentación de certificaciones I-956H, hemos confirmado que nuestro equipo administrativo no tiene historial de conductas indebidas. Tenemos confianza en que los planes de negocios de nuestros proyectos cumplen con los requisitos contenidos en los formatos I-956F, y en que dos de nuestros proyectos ya cuentan con aprobaciones con base en el proceso de solicitud I-924 anterior.

Continuaremos utilizando todas nuestras capacidades para trabajar con los abogados migratorios de nuestros clientes y asegurar que las nuevas solicitudes I-526 cumplan con los requisitos contenidos en la nueva legislación. Esperamos seguir apoyando a las familias de todo el mundo para que inviertan  en los Estados Unidos, generen nuevos empleos y obtengan beneficios migratorios, porque sabemos que constituyen una aportación positiva a la comunidad norteamericana.

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